Carlos Delgado Planás, CEO de Compensa Capital Humano y miembro de la Junta Directiva de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN)
Ahorrar es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona con el fin de guardarlo para un futuro. Hablamos de ahorro para la jubilación cuando el destino del mismo es garantizar unos ingresos al finalizar nuestro período de actividad laboral.
Las fuentes de los sistemas de protección social son tres: un primer pilar, que denominamos básico, y de carácter público, que en España está instrumentado a través de la Seguridad Social; un segundo, que está constituido por los sistemas de empleo promovidos por las empresas y, por último, un tercer pilar, financiado por el ahorro individual.
El sistema público de pensiones en España en su modalidad contributiva es de carácter obligatorio y se articula bajo la modalidad de reparto, mediante el cual, las prestaciones anuales se financian con las contribuciones realizadas al sistema en el mismo ejercicio. Desde la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1967 hasta hoy, diversos factores cuestionan la sostenibilidad futura del nivel actual de las prestaciones del sistema público debido, entre otros, a los cambios en las variables demográficas y las tasas de actividad y ocupación. Todos estos argumentos hicieron que, en 1.995, el Congreso de los Diputados aprobara el informe conocido como el Pacto de Toledo, apuntando las principales reformas que deberían acometerse, y que luego sirvió como base para el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.
Una de las recomendaciones para consolidar el sistema público de pensiones fue, expresamente, la potenciación de los sistemas de previsión social complementarios, voluntarios, con especial atención a los sistemas colectivos. Desde la promulgación de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en 1987, hemos recorrido una larga y compleja travesía con escasas rachas de viento a favor y demasiado viento de cara. A lo largo de los años, los planes de empleo han perdido peso relativo respecto del total de planes puesto que representaban un 50% del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90, mientras que ahora representan un porcentaje del total de activos gestionados un poco superior al 25%. Ahora, se abre una nueva ventana con las iniciativas que está abordando el ejecutivo para potenciar el desarrollo de este segundo pilar al otorgarles más beneficios fiscales que al ahorro individual y promoviendo fondos de pensiones de promoción pública y planes de pensiones simplificados.
Pero a la espera del éxito de estas iniciativas, la debilidad de los dos primeros pilares traslada la presión al ahorro individual si queremos tener garantizados unos ingresos en el momento de la jubilación y a buscar nuevas formas de desarrollo de los sistemas de previsión empresarial complementarios a los existentes.
Por lo que respecta al ahorro individual, podemos afirmar que la previsión a largo plazo no es una de las virtudes de las sociedades latinas; Carpe Diem, acuñó el poeta Horacio en la Antigua Roma. Y aún menos en los momentos complejos para las familias y las empresas azotadas por las continuas crisis recientemente vividas, donde tienen que hacer frente a sus obligaciones exigibles a corto plazo. El problema radica principalmente en el desconocimiento de los trabajadores en la necesidad de ahorrar a largo plazo para garantizar un nivel de ingresos deseado una vez finalice la relación laboral.
La ignorancia se combate con concienciación, sensibilidad y transparencia. Es necesario que los empleados dispongan de toda la información que integre todas las prestaciones que podría percibir en el caso de producirse cualquiera de las contingencias cubiertas, tanto las públicas como las corporativas y así poder planificar su previsión privada. Sin duda, la conciencia del déficit entre los ingresos en situación de actividad y una vez jubilado o declarado inválido animaría a los empleados a ahorrar durante su vida laboral para reducir esta brecha.
Seguramente estará pensando que, con la urgencia de los problemas cotidianos agravados estos últimos años como consecuencia de la crisis impide atender a cuestiones decisivas de más largo alcance. Y es verdad, pero el problema es que tampoco lo hacíamos cuando nos considerábamos ricos antes de 2.008. Es una carrera de fondo.
Tres de los elementos cruciales a tener en cuenta para planificar nuestro ahorro a largo plazo son el cuándo comenzar a ahorrar, qué rentabilidad vamos a obtener por nuestros ahorros y la fiscalidad de las aportaciones realizadas y de las prestaciones percibidas.
Si nuestro próximo jubilado a los 67 años quisiera ver complementada su pensión pública antes de impuestos con otra renta mensual de 1.000 euros proveniente de nuestro ahorro privado debería tener acumulado hoy un capital de 390.000 euros, aproximadamente.
Estimando una rentabilidad neta del 3% anual acumulada, las aportaciones mensuales necesarias para garantizar este capital serán muy diferentes en función de cuándo comience a realizar su primera contribución:
- Si lo hubiera dejado para última hora, el esfuerzo será necesariamente importante. Comenzando a los 55 años, la aportación necesaria para garantizar una pensión mensual de 1.000 euros a los 67 años es de 2.245 euros mes. Simplificando, cada mes hubiera tenido que financiar dos meses de su jubilación.
- Si hubiese visto la luz diez años antes, a los 45, la aportación requerida habría sido menos de la mitad, 1.045 euros. Uno a uno, y
- Si hubiera tenido una educación financiera integrada en su plan educativo que le hubiese motivado a iniciar este ahorro a los 35 años, con 600 euros mensuales habría sido suficiente para conseguir la misma pensión privada objetivo.
Es decir, el esfuerzo mensual que tenemos que realizar al comenzar a ahorrar para nuestra jubilación es casi 4 veces más severo dependiendo de si comenzamos a los 35 o a los 55 años. En la práctica, comenzar muy tarde hace imposible que podamos tener una pensión complementaria suficiente a nuestro nivel de ingresos en el período de actividad.
¿Y qué ocurre si nuestras inversiones obtienen una rentabilidad diferente? ¿Impacta mucho en mi pensión futura la gestión de esos activos? La contestación es un rotundo sí.
Analicemos el ejemplo anterior duplicando la rentabilidad obtenida. Es decir, un 6% frente al 3%:
- Comenzando a los 55 años, la aportación mensual sería de 1.865 euros frente a los 2.245 euros anteriores. La reducimos en un 17%.
- A los 45, la aportación requerida hubiera sido de 723 frente a los 1.045 euros previos, un 31% menos, y
- Con 35 años, la contribución habría sido de 345 frente a los 600 euros, un 43% menos.
Es decir, es imprescindible una vigilancia permanente del gestor de nuestras inversiones ya que, en función de su desempeño, nuestro esfuerzo de ahorro a largo plazo puede verse recompensado por unas prestaciones tremendamente superiores a la estimadas inicialmente o dar al traste con nuestro nivel de ingresos deseado al acceder a la jubilación.
El tercer y último elemento crítico para planificar nuestro ahorro a largo plazo es la fiscalidad de las aportaciones realizadas y las prestaciones cobradas. Desgraciadamente para nuestros intereses este asunto escapa de nuestro control y afecta enormemente a las empresas.
¿Y qué papel van a jugar las empresas en todo esto? Este escenario representa una gran oportunidad para la gestión del talento y una enorme responsabilidad social para con todos los trabajadores.
Las empresas que incluyan en sus paquetes de compensación total sistemas de previsión social complementarios, donde el empleado pueda realizar aportaciones voluntarias y beneficiarse de una mayor rentabilidad por una mejor gestión y menores comisiones, destacarán por encima de las demás en la lucha por conquistar al mejor talento. Pero así mismo tendrá una responsabilidad social con todos los empleados sensibilizándolos de la necesidad de destinar una parte de su compensación actual a un salario diferido, para hacer frente a la disminución del nivel de vida en el supuesto de jubilación, invalidez o fallecimiento. Para ello, tendrá que poner en práctica constantes programas de formación y concienciación para que después, cada empleado, en función de sus preocupaciones y necesidades personales y familiares decida libremente cómo quiere redistribuir su compensación.
Para concluir, reiterar que el problema de mantener un nivel de ingresos suficiente al acceder a la jubilación está encima de la mesa, nuestra mesa. Está en nuestras manos la decisión de intentar resolverlo de acuerdo con nuestras posibilidades presentes y futuras o de pensar que el problema no es nuestro. Y me temo que nadie se va a preocupar mejor por nosotros que nosotros mismos. O nuestras empresas.