Por Rafael Giménez-Arnau, Presidente de FORELAB y socio del Departamento Laboral de Garrigues. 

El futuro del trabajo y de las relaciones laborales en España va a estar marcado por el impacto del COVID-19. Por empezar por lo más evidente, ya hemos visto la aplicación generalizada de los ERTE de fuerza mayor en muchos sectores y actividades afectadas por la pandemia, a los que están siguiendo los ERTE por causas objetivas.

Después, y lamentablemente, no hay que descartar que haya que afrontar medidas de carácter estructural por parte de muchas empresas que no podrán volver a los niveles de actividad e ingresos previos a esta crisis. En esta situación, será conveniente centrar los esfuerzos en fórmulas normativas que favorezcan el mantenimiento y el relanzamiento de la actividad empresarial, la confianza de los inversores, así como la reconstrucción del tejido productivo y del empleo y, por el contrario, revisar y paralizar algunas de las reformas laborales que se planteaban al inicio de esta legislatura, y que introducían una mayor rigidez en las relaciones laborales e implicaban mayores costes empresariales (a modo de ejemplo la posible reforma sobre la subcontratación).

Asimismo, las tendencias y retos de futuro que se venían observando en el mundo laboral se están viendo influidas, y en muchos casos aceleradas, por esta nueva situación. Apunto las siguientes:

  • La evolución tecnológica y la digitalización, continuarán su imparable desarrollo, si cabe incluso con mayor intensidad. Se ha demostrado que dichos avances han sido muy útiles durante esta crisis. No obstante, no se podrá perder de vista su potencial impacto en el empleo, que habrá que considerar.
  • El teletrabajo ha tenido un desarrollo exponencial con motivo de la crisis sanitaria, y la situación post COVID-19 ya no será igual que antes. Lo previsible es que se tienda a una situación mixta en la que volverá a prevalecer el trabajo presencial, pero con mucho más protagonismo del “Smart Working” y de otras fórmulas flexibles que antes de la crisis. La normativa laboral deberá realizar su correspondiente adaptación (pienso por ejemplo en el registro horario y su difícil aplicación a determinadas realidades).
  • La seguridad y la salud en el lugar de trabajo incrementará su relevancia, si cabe, y será un factor no sólo de cumplimiento normativo, sino que aumentará su valor reputacional. En esta área habrá que regular y conjugar los potenciales conflictos entre seguridad y salud y derecho a la intimidad en la nueva situación.
  • La crisis generará muchos emprendedores y personas que se incorporarán a nuevas fórmulas de prestación de servicios (plataformas tecnológicas, economía colaborativa, etc.). Habrá que acabar de delimitar normativamente las nuevas formas de prestación de servicios, y seguramente volver a definir la figura del trabajador por cuenta ajena y sus diferencias con otras realidades.
  • Indudablemente se seguirá profundizando en materia de igualdad.
  • Sería exigible un gran pacto social y político que trate de afrontar los efectos que esta crisis del COVID-19 va a generar en el empleo, a los que pueden sumarse los derivados de la robotización. Una medida clave será la formación y reciclaje profesional de personas trabajadoras en situación de desempleo, para que puedan acceder a las nuevas profesiones y áreas de actividad emergentes.

Junto a las anteriores, hay muchas otras realidades y retos de futuro en el mundo del trabajo y de las relaciones laborales, y ante todo ello debemos esperar y exigir que la normativa que se apruebe vaya en la dirección correcta y permita generar el entorno de seguridad jurídica necesario para afrontarlos.